En esta columna de opinión, el ingeniero forestal Cristián Frêne desmenuza los anuncios realizados respecto del agua y la gestión hídrica en Chile en la reciente cuenta pública de la Presidenta el pasado 21 de mayo. Entre los más importantes se encuentra el “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público”, idea que ya está consagrada en el Código de Aguas. Para el columnista, las medidas no pasan de ser cosméticas. Mientras no se intervengan los cimientos del Código de Aguas redactado en dictadura (1981), señala, Chile continuará avanzando hacia un colapso hídrico sin retorno.
En medio de un discurso tibio y cargado a la “aspirina”, no deja de sorprender las propuestas en materia hídrica presentada por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta del 21 de mayo, considerando que en muchas regiones del país se vive una verdadera crisis del agua.
El diagnóstico es bastante acertado, porque es precisa la Presidenta cuando advierte que “no se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua”. Efectivamente, la sobreexplotación de cuencas y el acaparamiento del agua por parte de corporaciones del agro, minería y forestales, todas ellas con orientación exportadora, tienen a nuestro país en un desequilibrio hídrico. Plantear este diagnóstico y no acompañarlo con medidas concretas, que permitan revertir los procesos de degradación de suelos y acaparamiento de aguas es, por decir lo menos, irresponsable.
Las medidas planteadas por la Presidenta no apuntan a resolver nada en términos estructurales.Para aventurar este juicio es necesario dar argumentos, por lo que vamos por parte. Proponer “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados” es un eufemismo que saca aplausos pero solo es retórica, porque el agua ya es un bien de uso público (Art. 5 Código de Aguas).
Lo que no se habla ni se toca es que “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”, que en la práctica significa que el agua es considerada un bien de mercado, transable al mejor postor. Entonces se equivoca el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, cuando declara en un diario nacional que “es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje de cómo se administra el agua en nuestro país”. No cambia nada.
Para cambiar algo en relación al agua hay que intervenir los cimientos del Código de Aguas y de la propia Constitución, que permite tratar el agua bajo las reglas de la propiedad privada (art. 19 de la Constitución). Esto se está abordando en la Comisión de Constitución delaCámara, pero salvo la reforma que da reconocimiento constitucional al agua como bien de uso público que se envió en la primera administración de Bachelet, el resto no fue iniciativa de este Gobierno. Otra medida aceptable y necesaria sería una priorización de usos, donde el consumo humano esté por sobre los usos productivos, cuestión que actualmente se discute en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, pero que tampoco fue iniciativa de este Gobierno. Además se necesita una reestructuración institucional seria, que permita a la Dirección General de Aguas (DGA) hacer fiscalización y le otorgue atribuciones para revocar derechos de aprovechamiento en casos de agotamiento,especulación o acaparamiento con fines de lucro.
Entonces, en lo estructural este Gobierno no ofrece ningún cambio. Por cierto que una medida radical implicaría derogar el Código de Aguas y sentarse a conversar, en una mesa bien larga, sobre cómo aseguramos el acceso al agua a los habitantes chilenos y generamos políticas para realizar una gestión del territorio desde lo local. Pero seamos claros, esto es mucho pedir para un reciclado de la “Concerta”.
