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MANIFIESTO DE ACTORES Y ACTRICES POR UN ECOSISTEMA SOCIAL


La idea de un Manifiesto nació desde POETASTROS. 
El 11 de Mayo, Día Nacional del Teatro, durante un almuerzo comunitario organizado por SIDARTE, un grupo de actrices y actores decidimos en conjunto realizar una manifestación pública a favor de una nueva normativa social y ambiental que regule la depredación de la naturaleza y ser humano. He aquí el Manifiesto.




Proteger la casa de todos es un deber!

DECLARACIÓN DE LIMA. CUMBRE DE LOS PUEBLOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO LIMA 2014

DECLARACIÓN DE LIMA. CUMBRE DE LOS PUEBLOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO LIMA 2014


La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.

El capital busca hacer frente a su crisis sistémica imponiendo la captura el agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación, la producción de combustibles fósiles, la mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras, la represión de los movimientos sociales y la violencia física y psicológica, aumenta múltiples formas de criminalización de las luchas, de los pueblos, de militarización y control territorial. Todo esto es alentado por las corporaciones mediáticas. Además, a esta realidad hay que sumarle la captura de los Estados y de sus burocracias por el poder económico, el pago de las deudas injustas y corruptas, y una diversidad de hechos que benefician exclusivamente a los verdaderos poderes tras los gobiernos de turno, dóciles al mandato de las empresas nacionales y las grandes corporaciones transnacionales y sus operadores políticos.

En esta coyuntura la Cumbre de los Pueblos representa la voz de los sectores explotados y oprimidos del mundo, de los marginados por un sistema económico y cultural que los subordina a los sectores racistas, fundamentalistas, machistas y patronales que se benefician del modelo capitalista. En este momento crucial que atraviesa la humanidad, en el que el gravísimo cambio climático que sufrimos exige acciones urgentes de parte de la sociedad global, demandamos a los Gobiernos –y al Sistema de Naciones Unidas reunido en la COP 20– la adopción de acuerdos que respeten y valoricen la vida de los pueblos originarios, campesinos y urbanos, y que promuevan la preservación de la biodiversidad global. Rechazamos cualquier mecanismo de mercado que se plantee como solución a los problemas climáticos y ambientales.

Quienes nos reunimos en esta cumbre, recogemos y hacemos parte de procesos de luchas anteriores que se han tejido en nuestros pueblos, y llegamos a este momento con esa fuerza y construcción colectiva. A partir de ello expresamos y demandamos: A los Gobiernos del mundo que respeten nuestros territorios, derechos y modos de vida, nuestras culturas, costumbres y cosmovisiones sobre la vida y el mundo que habitamos. Denunciamos la explotación de nuestros recursos naturales y territorios por parte de las industrias extractivas, que afectan nuestras formas de sustento, nuestra fuente de identidad y la relación armoniosa de nuestras comunidades con la Madre Tierra.

Demandamos el reconocimiento de la propiedad territorial de las comunidades que tradicionalmente han vivido en sus tierras. No aceptamos el control externo de los territorios, ni los procesos de negociación e implementación de las falsas soluciones al clima. Los Gobiernos deben tener como eje central el respeto de nuestras formas de vida ancestrales y el reconocimiento a nuestra autodeterminación como naciones y pueblos originarios.
Demandamos a los Estados abrir un debate con la sociedad civil sobre el concepto de emisiones netas evitadas, que permita un acuerdo climático 2015 que compense a países no industrializados por no explotar fuentes de energía fósiles y así puedan financiar la transformación de sus matrices energéticas. Exhortamos a que se adopte un impuesto global a las transacciones financieras internacionales, que brinde fondos suficientes para garantizar una transición justa hacia un modelo inclusivo de justicia social.

Asimismo, aclaramos que el conjunto de iniciativas orientadas a revertir la destructiva tendencia climática hacia la que ha sido conducido nuestro planeta, deben considerar las responsabilidades históricas de los países desarrollados y el reconocimiento y reparación de la deuda histórica y ecológica que tienen con el Sur global. En particular, las corporaciones transnacionales de capital privado de los países desarrollados deben ser responsabilizadas por sus acciones y prácticas a nivel global. Por este motivo, Exigimos plena justicia en los casos de contaminación por parte de Newmont, Doeran en Perú, y la Chevron-Texaco, entre otras, la cual en su paso por la Amazonía dejó como legado uno de los mayores ecocidios de la historia del planeta.

A los Gobiernos y empresas les exigimos aceptar y respetar nuestro derecho humano a un trabajo digno, con pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y que se garantice un proceso de transición justa en un mundo que nos permita mejorar la calidad de vida. Demandamos garantías al acceso universal a los sistemas de protección y seguridad social, el respeto de nuestra libertad sindical y a una repartición justa y equitativa de la riqueza producida con nuestro trabajo y conocimientos.

Consideramos que ninguna acción para enfrentar el cambio climático será eficiente o viable si no se promueve con políticas públicas efectivas a favor de la pequeña agricultura familiar y campesina, la reforma agraria, la soberanía y seguridad alimentaria de nuestros pueblos, la producción auto sustentable, con base agroecológica, autóctona y libre de transgénicos y agrotóxicos, orientada al consumo humano y a la preservación de nuestra biodiversidad. Creemos que para avanzar hacia un mundo justo y una economía local, solidaria, cooperativa, feminista y comunal, es fundamental reconocer el derecho humano a la alimentación, así como el gran aporte de la agricultura familiar campesina, que contribuye con más del 70% de la alimentación del mundo. Exigimos frenar la producción y expansión de los agrocombustibles, que promueven la deforestación, erosión de las tierras, contaminación de las fuentes del agua y aire, y significan una forma de recolonización territorial.

Como expresión de esta estrategia del capital, en los últimos años se han agudizado los procesos de privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza, expresados en los principios de la economía verde, que nos presenta las falsas soluciones a la crisis climática. Algunas de ellas son: Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), transgénicos, agrocombustibles, geoingeniería, megaproyectos hidroeléctricos, centrales nucleares, fractura hidráulica ("fracking"), agricultura climáticamente inteligente.
La estrategia del capital pasa también por lo que llamamos arquitectura de la impunidad de las corporaciones transnacionales y gobiernos, a través de los tratados de libre comercio y protección de inversiones, entre otros, que pretenden privatizar servicios esenciales como el agua, la educación, salud y vivienda, y atentan contra los derechos humanos de trabajadores y de los pueblos. La Cumbre de los Pueblos rechaza todas estas estrategias del capital.

Como expresamos antes, denunciamos el sistema capitalista-patriarcal que sostiene la opresión y control sobre el cuerpo, el trabajo y la vida de las mujeres, promueve la violencia sexual y la trata, las margina de diversos ámbitos de la vida social y pública. Es necesario transitar hacia otra división social del trabajo, que elimine la subordinación del trabajo femenino, que no invisibilice el trabajo del cuidado –que hace posible la reproducción social– ni lo subordine a los mandatos del mercado. Exigimos un cambio radical que reconozca el trabajo reproductivo como la base de la sustentabilidad humana y de las relaciones entre las personas y comunidades.

Todas las alternativas deben incorporar la perspectiva feminista y promover una relación más justa entre hombres y mujeres. Abogamos por la promoción de un consumo responsable y no alienado, basado en la adopción de hábitos y pautas de consumo saludables, y de acuerdo con la necesidad humana, no sujeta a la ambición del capital. Un consumo que no contribuya a la contaminación ambiental ni al cambio climático. Alentamos el uso responsable de los recursos vitales, el reciclado y el manejo sustentable de los residuos sólidos. Nos comprometemos a promover la conciencia ciudadana respecto a las acciones que podemos llevar adelante individual y colectivamente para avanzar hacia un mundo más justo.

Los Estados deben tomar decisiones y medidas inmediatas de protección, conservación o restauración de las cuencas, los ecosistemas, las altas montañas, bofedales, humedales, páramos, estepas, bosques, acuíferos, lagos, ríos, manantiales, zonas marinas costeras, que alimentan a la Madre Tierra. Esos ecosistemas y fuentes de agua son afectados por las actividades de las industrias extractivas, como la minera, petrolera, carbonífera y gasífera, por las talas de árboles y el arrojo de desechos, entre otras causas. Se debe garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, en igualdad de condiciones, acceso y salubridad. Esto sólo se puede garantizar con empresas públicas en manos públicas.

La Cumbre de los Pueblos cuestiona la incoherencia del Gobierno peruano en su calidad de presidente de la COP 20. Por las políticas ambientales, laborales y tributarias adoptadas recientemente a favor de la inversión privada –rebajando estándares y regulaciones que afectan derechos colectivos, ambientales y culturales– Denunciamos la represión que sufren representantes indígenas, dirigentes sindicales y campesinos, activistas ambientales, así como los hostigamientos recibidos por a delegaciones que arribaron a la Cumbre de los Pueblos desde diversas regiones del país y el exterior.
La Cumbre de los Pueblos cuestiona la captura corporativa de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las grandes corporaciones transnacionales "acompañan" a los gobiernos en las negociaciones globales para acordar medidas que tienen por único fin limpiar de responsabilidades a los países industrializados por sus emisiones de gases de efecto invernadero y por ser los principales responsables del cambio climático.
Exigimos que los pagos por servicios de la deuda externa e interna –que ahogan a los pueblos y limitan la capacidad de los Estados para atender necesidades básicas de las poblaciones–, se destinen a hacer frente a la crisis ambiental y climática, porque de ello depende la sobrevivencia de la Humanidad y todas las especies vivas del planeta.

La Cumbre de los Pueblos saluda la movilización comprometida y entusiasta de las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo que participaron de la Gran Marcha Global en Defensa de la Madre Tierra (10/Dic) en Lima y en otras ciudades del planeta. Esta gran concentración de organizaciones, movimientos y delegaciones del Perú y numerosísimos países es la expresión más clara de la posición de los pueblos a favor de un mundo justo y democrático, que garantice la armonía entre la existencia humana y los derechos de la Naturaleza y la Madre Tierra.

Seguiremos fortaleciendo la articulación de nuestras luchas, de forma activa y permanente en las múltiples movilizaciones del 2015, con un especial momento de activismo en París, Francia, donde se llevará a cabo la COP 21. Desde ya los movimientos sociales del mundo nos preparamos para dar continuidad a las luchas desde nuestros territorios en defensa de la vida, hasta que nuestras exigencias sean atendidas. ¡Seguiremos en lucha hasta cambiar el sistema... No el Clima!

Cumbre de los Pueblos
Lima 10 de diciembre 2014.

Molestia y rechazo de especialistas a certificación forestal de Arauco y otras madereras

FUENTE: Radiodelmar


La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), denunció que los procesos de certificación forestal de las compañías Arauco y Mininco realizadas por el sello Forest Stewardship Council (FSC), no han contemplado todos los antecedentes y han sido superficiales y sin el contacto con las comunidades aledañas o stakeholders.

“Desde 2009 hemos presentado a FSC antecedentes que presentaban claros impactos ambientales y sociales negativos de sus plantas de celulosa (Valdivia, Celco, Licancel) y de sus plantaciones que demostraban la necesidad de que a dicha empresa se debería aplicar la ‘Política de Asociación’ y desligarla del sistema FSC”, afirma la Agrupación de Ingenieros Forestales al referirse al proceso de Forestal Arauco.
En una carta enviada al director del FSC, la agrupación de profesionales por el bosque nativo agrega que ven “con gran desilusión que, a pesar de gastar recursos y energías, nuestros reclamos no tienen efecto, lo que desvirtúa completamente el Sistema FSC que propicia la consulta a partes interesadas”.

Esta es la carta enviada al FSC:

            Santiago, 10 de Noviembre 2014
Señor Michael Conroy
Presidente Consejo Directivo de FSC
Como máxima autoridad del Forest Stewardship Council queremos informar a Ud. Que nuestra organización, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo de Chile, miembro N° 14 de FSC, hace presente su protesta en contra del Sistema FSC por la forma como se ha tratado el tema de la Certificación FSC de la empresa chilena Arauco.
Desde 2009 hemos presentado a FSC antecedentes (carta del 9 de Marzo de 2009 dirigida al Sr. Roberto Waak, Presidente de FSC) que presentaban claros impactos ambientales y sociales negativos de sus plantas de celulosa (Valdivia, Celco, Licancel) y de sus plantaciones que demostraban la necesidad de que a dicha empresa – que en esa época tenía una certificación de Cadena de Custodia – se debería aplicar la “Política de Asociación” y desligarla del sistema FSC. En aquella época el Consejo argumentó que – a pesar de la existencia de la “Política de Asociación” en el FSC – no existía el sistema para su implementación, por lo que no era posible en esa oportunidad tomar una decisión al respecto. Producto de ese reclamo vino a Chile el Director de aquella época, Sr. Andre de Freitas, quien prometió que la certificación de las dos grandes empresas, Arauco y Mininco, se haría de forma Rigurosa, Transparente y Participativa.
Una vez que ambas empresas iniciaron sus procesos de certificación FSC, la AIFBN gastó una considerable cantidad de recursos y energía en acompañar dichos procesos, investigar situaciones, participar en reuniones de partes interesadas, analizar los informes, reunirse con otras organizaciones y en base a todo ello, presentar al FSC y ASI los comentarios, reclamos e impugnaciones de ambos procesos ya que – en nuestra opinión – las empresas aun no estaban en el nivel necesario para obtener la Certificación FSC y calificamos dichos procesos de certificación como procesos “light”.
ASI investigó con bastante detalle el proceso de Mininco y levantó no conformidades mayores que no habían sido consideradas por la certificadora Smartwood y los problemas se han ido corrigiendo. Pero la revisión del proceso de Arauco fue muy corta, superficial y sin el contacto real con stakeholders que habían presentado sus reclamos, ni la investigación de reclamos. Muchos de ellos no han recibido respuestas aceptables, no solamente de ASI, sino que de la propia certificadora.
Vemos con gran desilusión que, a pesar de gastar recursos y energías, nuestros reclamos no tienen efecto, lo que desvirtúa completamente el Sistema FSC que propicia la consulta a partes interesadas.. ¿Qué valor tienen esas opiniones si no son debidamente consideradas?. Cuestionamos procesos que no han cumplido con las promesas del Director Ejecutivo en 2009. Esta será nuestra última carta al respecto.
Señor Presidente, nos preocupa de sobremanera esta situación, especialmente cuando vimos a la entrada de la Asamblea General un gran letrero de propaganda de Arauco avalado por el propio FSC. Creemos que es necesario corregir este camino y cuando hay reclamos, realizar investigaciones adecuadas sobre ellos. Nos confirma esta preocupación el informe entregado por el propio FSC sobre la certificación de grandes operaciones – Cumpliendo la Moción 20 de la Asamblea de 2011 – en las que se verifica exactamente el tipo de denuncias que hemos hecho sobre Arauco y Mininco.
Estas situaciones nos hacen ver que utilizar tiempo y recursos para participar en los procesos del Sistema FSC no trae mayores resultados, lo que justificaba claramente nuestra moción a la AG 2014 de analizar los elementos que atentan contra la credibilidad del FSC, que lamentablemente fue rechazada.
Esperamos que estas consideraciones sean tomadas en forma positiva por el Consejo Directivo ya que interesa a todos los miembros que FSC tenga éxito y se avance realmente hacia el Manejo Forestal Responsable.
Saludan atentamente a Ud.
Pilar Cárcamo Díaz, Presidenta AIFBN
Luis Astorga, Director Honorario AIFBN
Copias a
Kim Carstensen, Director Ejecutivo FSC 
Guntar Laguns, Director Ejecutivo ASI 
Directorio FSC Internacional
Directorio FSC-Chile”

“La industria forestal sólo provoca pobreza y peor vida en Chile”

FUENTE: ElCiudadano (ENTREVISTA)
Felipe Valenzuela es parte del colectivo humano de la Región del Bío Bío, y en particular de la ciudad chilena de Concepción, que hace posible tanto la existencia de la página http://resumen.cl/, como su publicación de papel con frecuencia mensual. Es precisamente el equipo de Resumen quien produjo el espléndido documental Plantar pobreza: El negocio forestal en Chile.
-¿De qué se trata el documental?
Plantar Pobreza trata de explicar el origen y las consecuencias de la expansión de la industria forestal en la zona centro-sur del país, particularmente en nuestra región. En el registro se abordan los diferentes mecanismos implementados por el Estado para apoyar estratégicamente a esta industria, funcionando (como en muchos otros rubros del extractivismo y el saqueo) como una caja pagadora de bonificaciones a la plantación de monocultivos, a la construcción de carreteras,  además de la elaboración de políticas que amparan y legalizan el inmenso desastre ambiental, económico y social devenido del negocio forestal.”
-Los argumentos del Estado siempre postulan las bendiciones de la inversión privada en materia extractivista para la población…
“En ese sentido, nos interesa desmentir las diversas falacias propagadandizadas por el Estado, tales como que una plantación forestal es un bosque o el falso dilema de que “si no hay forestales, habrá desempleo y pobreza”. Primero, una plantación forestal no es bosque. Los bosques se caracterizan por constituir ecosistemas donde habitan múltiples especies y que proporcionan importantes servicios ambientales y reservas de biodiversidad a la gente, como el almacenamiento y provisión de agua de calidad, regulación del clima en las zonas adyacentes, dotación de alimentos mediante la recolección de frutos o la caza de animales que ahí viven. Además, al proveer de agua constantemente se posibilita la agricultura. Pero si te das cuenta, nuestras comunidades han perdido o están perdiendo estos servicios porque en una plantación forestal crecen un promedio de 1600 árboles por hectárea, todos al mismo tiempo, consumiendo grandes cantidades de agua. Por otra parte, se pierde suelo después de las talas rasas, pues al dejarlo descubierto, las capas de humus son arrastradas hasta los cursos de agua en las cuencas  por la lluvia o el viento. Además, las corporaciones forestales interpretan a la vegetación nativa que crece en medio de las plantaciones como una competencia para el desarrollo de los ejemplares de su interés, y  simplemente la mata con agrotóxicos, dilapidando una serie de procesos tendientes a conservar el equilibrio de esos ambientes. Estas y otras razones develan la mentira de identificar una plantación forestal con un bosque.”
-¿Cuáles son las dimensiones del drama ecosistémico?
“Los monocultivos forestales se expanden por todo el centro-sur, llegando aproximadamente a cubrir 3 millones de hectáreas. De hecho, en la Región del Bío Bío más del 20% de su superficie está cubierta de pinos y eucaliptos, al tiempo que 30 comunas de las 52 que pertenecen a la región se han declarado en déficit hídrico. Sin embargo, mientras se comete el crimen, la prensa financiada por el empresariado y las instituciones del Estado junto a su clase política, se refiere a la industria forestal como una impulsora de desarrollo económico y proveedora de empleo. En nuestra investigación descubrimos que con la expansión de la industria forestal se han perdido fuentes de subsistencia asociadas a la pequeña agricultura campesina, y a la recolección de mariscos y la pesca. Por ejemplo, los mariscadores de Laraquete han sufrido la desaparición de cultivos completos de choritos, de lo que responsabilizan a Celulosa Arauco que desde su planta expulsa sustancias tóxicas al mar. Estos y otros casos, confirman que la industria forestal sí, en efecto, provoca pobreza y que la retirada de monocultivos forestales es la condición necesaria para regenerar las condiciones de habitabilidad de nuestro territorio.”
-El documental refresca un completo diagnóstico del impacto de las forestales…
“Pero no sólo constata, sino que también propone, visibilizando iniciativas del uso sustentable de bosque y también de la recuperación y la rehabilitación territorial. Quienes llevan a cabo estos proyectos han mejorado sustancialmente sus condiciones de vida y por ello creemos que son un referente para nuestra comunidad, no sólo la rural, sino que también la urbana. Y esto es importante: la recuperación del bosque y su uso sustentable es una cuestión determinante en nuestra subsistencia. Nuestra propuesta parte de esta premisa.”
-¿Quiénes participaron en la factura del documental?
“Es fruto de un año de trabajo del equipo de Resumen y de algunos compañeros/as que con diversos aportes contribuyeron a su realización, y tiene una duración de una hora y once minutos.”
-¿Recibieron algún subsidio, auspicios, hay plata de por medio?
“Entendemos el trabajo comunicacional como nuestra acción política, y en ese sentido no esperamos ni aceptamos “condiciones favorables” que terminen por editorializar nuestro trabajo. La política del Estado en cuanto a financiamiento de empeños audiovisuales y otros, los acaba empobreciendo, obligando a sus autores a adoptar métodos que riñen constantemente con la independencia y la calidad del trabajo de cada cual.”
-¿Tiene sentido hacer documentales en Chile?
“En general es un imperativo levantar y fortalecer medios de comunicación al servicio de la comunidad y no del empresariado. La producción escrita, fotográfica o audiovisual hecha por la comunidad, al margen de los circuitos controlados por el poder político y económico, está empezando a provocar molestia. Por eso los de arriba intentan obligar a todos quienes publican mensajes  considerados por la institucionalidad como propios del ejercicio del periodismo, a someterse a la “ley de libertad de expresión”, que de libre no tiene nada.”
-¿Qué efecto social y político esperan que tenga el documental?
“No queremos que el documental quede como un archivo de injusticias y miserias, abultando discos duros con más denuncias. El reportaje lo hicimos porque creemos necesario emprender iniciativas de recuperación y rehabilitación de nuestro territorio en la Región del Bío Bío y en la zona centro-sur de Chile.”
Para contacto de personas interesadas en el documental hay que escribir a prensa@resumen.cl

SINOPSIS DOCUMENTAL

El agua en el discurso presidencial, pero no en el pragmatismo

FUENTE: CIPER.cl
En esta columna de opinión, el ingeniero forestal Cristián Frêne desmenuza los anuncios realizados respecto del agua y la gestión hídrica en Chile en la reciente cuenta pública de la Presidenta el pasado 21 de mayo. Entre los más importantes se encuentra el “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público”, idea que ya está consagrada en el Código de Aguas. Para el columnista, las medidas no pasan de ser cosméticas. Mientras no se intervengan los cimientos del Código de Aguas redactado en dictadura (1981), señala, Chile continuará avanzando hacia un colapso hídrico sin retorno.

En medio de un discurso tibio y cargado a la “aspirina”, no deja de sorprender las propuestas en materia hídrica presentada por la Presidenta Michelle Bachelet en su cuenta del 21 de mayo, considerando que en muchas regiones del país se vive una verdadera crisis del agua.
El diagnóstico es bastante acertado, porque es precisa la Presidenta cuando advierte que “no se trata sólo de escasez hídrica, agravada por la larga sequía que experimentamos, sino de la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua”. Efectivamente, la sobreexplotación de cuencas y el acaparamiento del agua por parte de corporaciones del agro, minería y forestales, todas ellas con orientación exportadora, tienen a nuestro país en un desequilibrio hídrico. Plantear este diagnóstico y no acompañarlo con medidas concretas, que permitan revertir los procesos de degradación de suelos y acaparamiento de aguas es, por decir lo menos, irresponsable.
Las medidas planteadas por la Presidenta no apuntan a resolver nada en términos estructurales.Para aventurar este juicio es necesario dar argumentos, por lo que vamos por parte. Proponer “reconocer a las aguas como un bien nacional de uso público en sus diversos estados” es un eufemismo que saca aplausos pero solo es retórica, porque el agua ya es un bien de uso público (Art. 5 Código de Aguas).
Lo que no se habla ni se toca es que “se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas”, que en la práctica significa que el agua es considerada un bien de mercado, transable al mejor postor. Entonces se equivoca el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, cuando declara en un diario nacional que “es tremendamente importante que una de las prioridades del gobierno sea trabajar para que el agua sea un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos, porque cambia el eje de cómo se administra el agua en nuestro país”. No cambia nada.
Para cambiar algo en relación al agua hay que intervenir los cimientos del Código de Aguas y de la propia Constitución, que permite tratar el agua bajo las reglas de la propiedad privada (art. 19 de la Constitución). Esto se está abordando en la Comisión de Constitución delaCámara, pero salvo la reforma que da reconocimiento constitucional al agua como bien de uso público que se envió en la primera administración de Bachelet, el resto no fue iniciativa de este Gobierno. Otra medida aceptable y necesaria sería una priorización de usos, donde el consumo humano esté por sobre los usos productivos, cuestión que actualmente se discute en la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados, pero que tampoco fue iniciativa de este Gobierno. Además se necesita una reestructuración institucional seria, que permita a la Dirección General de Aguas (DGA) hacer fiscalización y le otorgue atribuciones para revocar derechos de aprovechamiento en casos de agotamiento,especulación o acaparamiento con fines de lucro.
Entonces, en lo estructural este Gobierno no ofrece ningún cambio. Por cierto que una medida radical implicaría derogar el Código de Aguas y sentarse a conversar, en una mesa bien larga, sobre cómo aseguramos el acceso al agua a los habitantes chilenos y generamos políticas para realizar una gestión del territorio desde lo local. Pero seamos claros, esto es mucho pedir para un reciclado de la “Concerta”.

Zonas de sacrificio, ¿hasta dónde se justifica el desarrollo?


Fuente: El Dínamo


Las organizaciones de la sociedad civil debiésemos involucrarnos en la urgente tarea de promover la educación para la participación, de modo tal que este verdadero despojo de ciudadanía en el que se han transformado las "zonas de sacrificio" comience a cambiar.

¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a vivir en un lugar en el que saben que sus hijos serán afectados en su salud y bienestar general por contaminación por plomo?
Hace unos días Chilevisión emitió el reportaje “Zonas de sacrificio” del programa En la Mira, donde se aborda justamente casos en que grandes desarrollo productivos, principalmente de Antofagasta y Atacama, arrasan con los recursos naturales y de paso, con los culturales, sociales y humanos, a cambio, la mayoría de las veces, de acciones de “mitigación” irrisorias.
Esta realidad es angustiante y demanda una urgente reflexión país porque el futuro de generaciones completas está en juego. ¿Hasta dónde se justifica el desarrollo? La pregunta es similar a la que como sociedad nos estamos haciendo con respecto a la  tremenda desigualdad que experimentan millones de chilenos y chilenas ¿hasta dónde estamos dispuestos a  soportar este tipo de desarrollo?

Chile lidera en conflictos ambientales por proyectos energéticos

El proyecto “Atlas Global de Justicia Ambiental” ubica a Chile en el décimo lugar con 30 casos documentados de conflictos entre diversas comunidades y empresas mineras. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cuáles son las características de la conflictividad ambiental que se vive tanto en Chile como en la región?


El “Atlas Global de Justicia Ambiental” es un mapa virtual realizado con una base de datos interactiva, donde se puede cruzar información y dar seguimiento a diversos conflictos de todo el mundo.
Así, se puede observar que el país con más problemas ecológicos es India con 104 casos. Sin embargo, Sudamérica es una de las regiones del planeta más amenazada por estas crisis. Seis países del continente están entre los diez primeros puestos: Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Chile, que ocupa el décimo lugar en el ranking, con más casos que Estados Unidos.
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