La Presidenta sorprendió a todos en el discurso del 21 de mayo pasado al anunciar una reforma al Código de Aguas, que rige desde 1981, y a los derechos sobre este recurso inscritos por distintos interesados para su explotación.
La Mandataria dijo que buscaría una modificación para darle rango constitucional al agua, transformándose en un “bien nacional de uso público”, para lo cual designó a un delegado presidencial que presentara sugerencias para ese cambio. El escogido fue el economista Reinaldo Ruiz.
Hace poco menos de dos semanas, Ruiz entregó su trabajo a Bachelet con una serie de propuestas que buscan regularizar, principalmente, los derechos de aguas para evitar la sobreexplotación de este recurso así como de las malas prácticas asociadas, en un contexto de sequía que se arrastra hace varios años.
Quienes han tenido acceso a las propuestas explican que éstas van en la línea de limitar y restringir el uso del agua, priorizando el uso residencial y agrícola a menor escala, así como extinguir los derechos de aguas de quienes los tienen inscritos pero inutilizados. “La idea es que sean devueltos al Estado para darles un mejor uso”, dicen.