La Presidenta sorprendió a todos en el discurso del 21 de mayo pasado al anunciar una reforma al Código de Aguas, que rige desde 1981, y a los derechos sobre este recurso inscritos por distintos interesados para su explotación.
La Mandataria dijo que buscaría una modificación para darle rango constitucional al agua, transformándose en un “bien nacional de uso público”, para lo cual designó a un delegado presidencial que presentara sugerencias para ese cambio. El escogido fue el economista Reinaldo Ruiz.
Hace poco menos de dos semanas, Ruiz entregó su trabajo a Bachelet con una serie de propuestas que buscan regularizar, principalmente, los derechos de aguas para evitar la sobreexplotación de este recurso así como de las malas prácticas asociadas, en un contexto de sequía que se arrastra hace varios años.
Quienes han tenido acceso a las propuestas explican que éstas van en la línea de limitar y restringir el uso del agua, priorizando el uso residencial y agrícola a menor escala, así como extinguir los derechos de aguas de quienes los tienen inscritos pero inutilizados. “La idea es que sean devueltos al Estado para darles un mejor uso”, dicen.

La propuesta del delegado presidencial incluiría la sugerencia de realizar un patrocinio a un proyecto de modificación al Código de Aguas que se encuentra en la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, aunque con una serie de indicaciones del Ejecutivo. La respuesta desde La Moneda estaría lista a fines de julio.
Consultado sobre las propuestas, Ruiz aseguró que el proyecto de ley que discute la Cámara Baja “es muy bueno y transversal y sigue la misma línea de la propuesta hecha a la Presidenta, por lo que hay que mirarlo muy de cerca”.
Una de las críticas más grandes que se hacen hoy al Código de Aguas vigente es que el derecho de aprovechamiento se le entrega a los privados de manera gratuita y perpetua, transformándolo en un “mercado”, que además se presta para malas prácticas como la reventa de derechos ya asignados.
De acuerdo a un estudio de la Dirección General de Aguas (DGA) en 2013, Endesa, AES Gener y Colbún, las tres principales generadoras eléctricas, tienen más del 40% del total de los derechos de agua no consuntivos -es decir, que se extraen pero se devuelven a su curso-. El restante porcentaje se divide entre mineras, inversiones agrícolas, sanitarias y agricultores menores.